Corte cambia jurisprudencia en delitos sexuales contra menores: caricias indebidas sí son un abuso

Corte Suprema cambia jurisprudencia en casos de abuso a menores .

El fallo se produce cinco meses después de una criticada decisión en la que le cambió a un hombre una condena por abuso de menores -que da cárcel-, a injuria -que es excarcelable-.

El caso de una niña de 8 años a la que un pariente acarició de manera indebida, aprovechando que estaba a solas con ella, le dio la oportunidad a la Sala Penal para volver a la tesis de que estos hechos se enmarcan en un acto sexual contra menores y no son una simple ofensa, como lo había dicho en su sentencia de julio pasado.

Según el alto tribunal, "(...) el contacto físico no fue apropiado o normalmente afectuoso, sino un acto sexual indebido (...) Se trató de un hecho lujurioso, dirigido a despertar los apetitos sexuales del victimario".

Con esta tesis revocó una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que favorecía al acusado por duda, y confirmó la condena de cuatro años por el delito de actos sexuales con menor de 14 años que había impuesto inicialmente el Juzgado Sexto Penal.

La decisión acogió un llamado de la Procuraduría, que había pedido a la Corte revisar su jurisprudencia y considerar ese tipo de contactos con menores como un acto sexual abusivo, invocando principios sobre la protección especial a los niños, contemplados en la Constitución y en tratados internacionales.

Según el Ministerio Público, no se puede tener en cuenta la capacidad de raciocinio y la edad de los menores, como lo expuso en ese momento la Corte. Se corre el riesgo de no prever las consecuencias mentales que acarreará en la víctima el acto indebido: "La ciencia de la psicología ha sido contundente en afirmar que los tocamientos en zonas erógenas en menores de edad constituyen claro abuso sexual infantil".

Los magistrados, tras evaluar el caso, consideraron necesario unificar la jurisprudencia. "La conducta se ejerció sobre una menor de edad cuya madurez psicológica y desarrollo físico todavía están en formación y su capacidad no es plena, pues carece de una cabal conciencia acerca de sus actos y de las consecuencias que ellos aparejan", concluyó la Corte en su fallo.

En la decisión, la Corte advirtió a los jueces que los testimonios de los menores víctimas de abuso sexual merecen especial valoración debido a que sus derechos prevalecen sobre los demás por lo que "su interés es superior en la vida jurídica".

REDACCIÓN JUSTICIA

Fiscalía abrió investigación contra gobernadores de Bolívar y Magdalena por caso DMG

José Domingo Dávila Armenta, ex gobernador del Magdalena.

Un fiscal delegado ante la Corte abrió investigación contra los dos mandatarios, 'Joaco' Berrío de Bolívar y Ómar Díazgranados, de Magdalena, que han sido salpicados por el escándalo de esa empresa.

Por pacto de Chivolo, capturan a ex gobernador de Magdalena

Es la primera determinación formal que toma la justicia tras la revelación de los tentáculos de David Murcia en la política, el mundo de los negocios y los medios de comunicación.

El nombre de Berrío aparece mencionado en varias interceptaciones relacionadas con la incautación de 1.000 millones de pesos en efectivo que la Policía descubrió en un vehículo poco antes de las elecciones regionales del 2007.

Supuestamente, la plata iba para la campaña de Berrío, que ha negado cualquier relación con la empresa.

En el caso de Díazgranados, hay interceptaciones en las que Murcia y su cuñado, William Suárez, dicen que ganaron en las regionales en ese departamento.

El gobernador estaba en el mismo apartamento donde hace dos semanas la Policía y la Fiscalía capturaron a David Ángel y a Margarita Pabón, dos de los pesos pesados de DMG.

INFORME FINAL

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Gobierno advierte a representante de DMG

El dueño de una de las empresas financieras envueltas en un escandaloso caso de estafa debe devolver el dinero a los depositantes, como "única negociación", o arriesgarse a ir a la cárcel, advirtió hoy el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga. Zuluaga, en declaraciones a varios medios, entre ellos Caracol radio, respondió a David Murcia, dueño de la empresa DMG, quien desde Panamá solicitó al presidente Álvaro Uribe sentarse a dialogar para no perjudicar a las más de 200.000 familias que invirtieron dinero.

"Que devuelva la plata, esa es la única negociación, o si no, puede tener una pena que lo puede llevar a la cárcel", dijo el ministro Zuluaga.

El gobierno intervino el lunes a la empresa y la policía ocupó sus oficinas en todo el país, además de decretar el estado de emergencia, figura constitucional que le permite al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley y encarar el colapso de las empresas que recaudaban dinero ilegalmente.

El abogado de DMG, Abelardo De la Espriella, aseguró que las medidas del gobierno eran inconstitucionales y advirtió que esperaba que en su momento fueran revocadas por la Corte Constitucional.

"Lo que pasó era previsible. La posición del presidente Uribe siempre ha sido la negación del diálogo", dijo De la Espriella a la AP.

Agregó que "eso de que DMG paga intereses del 200 y más por ciento no es cierto".

Devolverán plata de pirámides

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, explicó ayer junto con otros altos funcionarios del Gobierno Nacional, las medidas tomadas para evitar que empresas de recaudo masivo de dineros del público, bajo modalidades no autorizadas, sigan actuando de manera ilícita.

Dichas medidas buscan que: "frente a este hecho de perturbación social, el Gobierno ha asumido la responsabilidad de crear unos mecanismos, que permitan con medidas precautelares, salvaguardar a estos colombianos que entregaron recursos. Dichas medidas administrativas permitirán recuperar esos dineros "en el monto que sea posible", declaró Valencia Cossio.

En alocución televisada para todo el país y antes de dar a conocer las medidas adoptadas, el Ministro del Interior y Justicia, ratificó que "la voluntad del Gobierno es proteger los bienes que están en peligro. La idea es devolver hasta donde sea posible esos dineros y así evitar la defraudación". De igual forma, llamó a los ciudadanos a respaldar las medidas, "porque son en beneficio de ellos mismos".

A su turno, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, explicó que las decisiones facultan a la Superintendencia de Sociedades para poder intervenir de "manera inmediata" las empresas captadoras de dinero.

Lo anterior quiere decir que podrá suspender de forma expedita la captación, tomar posesión de los bienes y haberes, para poder devolver los recursos a la gente, y asegurar la devolución ordenada de los recursos.

Se interviene, según Plata, cuando se tienen hechos objetivos como rendimientos notorios que no tienen explicación. "Lo que logramos es que la Superintendencia se pueda mover rápidamente".

'Que no se lleven la plata para otras regiones'

El ex congresista Orlando Beltrán Cuéllar le pidió al gobernador Luis Jorge Sánchez que se una al clamor de algunos de los alcaldes del departamento, para impedir que los dineros captados por las denominadas 'pirámides' en la región, sean trasladados a otra zona del país.

“Estos dineros deben quedarse en cada una de las localidades donde fueron depositados por sus propietarios, a fin de que sean devueltos a los mismos de la manera más equitativa posible. No puede permitirse que los recursos económicos de tanto huilense sirvan para resolver las afugias individuales de particulares que nada tienen que ver con el Huila”, señaló Beltrán Cuéllar.

Para el ex congresista, si eso sucediera, los dineros de los huilenses que invirtieron en las empresas captadoras, serían consignados en fondos o cuentas, según ha sugerido el Gobierno nacional.
En conclusión, aseguró Beltrán que finalmente la falta de una legislación sobre el tema y la corrupción, terminarían por desaparecer la plata de los que llevaron su plata a las 'pirámides'.

Dijo que el estado de derecho no puede estar por encima de la justicia, y por ello, a su juicio, no sería precisamente justo que se dilatara la entrega del dinero captado a sus dueños.
“Usted, como gobernador de los huilenses, tanto los que sufragaron por su nombre como los que no, está en la obligación moral y política de retomar de manera inmediata y urgente la iniciativa planteada y liderar la acción en defensa de los intereses del pueblo que, urgido, engañado, ingenuo u obnubilado por posibles espejismos, entregó sus recursos a los captadores de marras”.

Pero Beltrán Cuéllar también expresó otra preocupación sobre la posición que pueda tomar el gobernador Sánchez frente al flagelo que viven las personas estafadas.
“Me preocupa, señor Gobernador, que ante esta nueva situación que afecta a tantos ciudadanos huilenses, su actitud sea la misma que mostró cuando solamente cuatro días después de ocurridos los cuestionados hechos de la adjudicación del Chance, usted se dio por enterado. O la asumida por su señoría, cuando sorpresivamente se nos notificó la resolución de declaratoria de utilidad pública de la discutida construcción de la represa El Quimbo, y usted manifestó en un foro realizado en el recinto de la Asamblea departamental que el gobierno del Huila no asumía ninguna posición al respecto”.

Finalmente, el ex congresista también advirtió sobre la preocupante situación económica que se viene para la región, ante la 'salida' de tanto dinero de los bolsillos de quienes lo depositaron en las 'pirámides'.

Denuncian exceso de fuerza en cierre de DMG

Clientes y empleados de la agencia de DMG en Neiva denunciaron haber sido víctimas del excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía en el procedimiento de cierre de las oficinas de la comercializadora, la madrugada de ayer en esta ciudad.

Según Karl Cabrera, uno de los clientes de DMG, desde las nueve de la noche del domingo, empezaron a llegar clientes a la sede de la entidad, preocupados por los anuncios del Gobierno Nacional de intervenir las oficinas, y alertados por las noticias del vecino departamento del Putumayo, que daban cuenta del inicio de los operativos policiales.

Según su relato, hacia las cuatro de la mañana de ayer, un escuadrón de la Policía Antimotines, Esmad, se hizo presente en la carrera 5 con calle 12 y retiró por la fuerza a un grupo de treinta personas que se habían situado de forma pacífica a la entrada de la agencia para evitar que fueran tomadas o cerradas por la Policía.

Cabrera señaló que los miembros del escuadrón Esmad llegaron y sin mediar palabra la emprendieron a bolillazos, puntapiés y gas pimienta contra el grupo de hombres y mujeres que se habían reunido en el lugar.

Asegura que junto a él, varios de los civiles resultaron golpeados en diferentes partes del cuerpo o con severas irritaciones en los ojos producto de la gran cantidad de gas pimienta rociado por los uniformados.

Una vez en control de las afueras de la agencia de DMG, la Policía cerró el acceso con vallas, acordonó el lugar e impuso los sellos en la puerta principal de la entidad.
Entre tanto, al otro lado de la calle, clientes, administradores y empleados manifestaron que permanecerán vigilantes de la suerte de los dineros todo el tiempo que sea necesario, en medio de consignas y arengas contra el gobierno.

Los manifestantes coincidieron en que no estaban allí para reclamar la devolución de su dinero sino a fin de apoyar a DMG, vigilar que los dineros no fueran incautados y exigirle al gobierno que permita el funcionamiento de un sistema que está beneficiando a los más pobres.

'Fue un uso racional de la fuerza'
Por su parte, el coronel Eduardo Carrillo, comandante de la Policía en el Huila,
aseguró que se trató del uso legítimo y racional de la fuerza por parte de la Policía, ante la negativa del grupo de personas a desalojar el sitio y permitir el procedimiento policial.
El coronel Carrillo aseguró además que en el procedimiento estuvo presente la Personera, quien puede dar fe de la legalidad de la actuación de la Fuerza Pública y que se trató de un forcejeo normal con los manifestantes.

Carrillo Calderón pidió a la comunidad comprender que debían cumplir la orden del Decreto 4333 del Estado de Conmoción Social, pues de lo contrario incurrirían en omisión y podrían ser destituidos.
Frente al uso de gas pimienta, el Comandante de la Policía Huila afirmó que se trata de una herramienta no letal que usan todas las policías del mundo para neutralizar a una persona en gran estado de ofuscación, sin causarle daño.

El oficial ofreció disculpas a los afectados e invitó a que si persiste una denuncia sea tramitada en la oficina de quejas y reclamos de la institución o en los juzgados, de acuerdo a lo que está establecido.